Por Carlos Osorio
Buenos Aires, Argentina — El 5 de enero de 2010, la Presidenta Argentina Cristina Fernandez de Kirchner emitió el Decreto 4/2010 que levanta la clasificación de todos los documentos militares relacionados con las actividades de las fuerzas armadas entre 1976 y 1983. El decreto fue incitado a partir de miles de solicitudes dirigidas al Ministerio de Defensa por cientos de jueces y fiscales que llevan juicios por violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura militar argentina. Se estima en 30 000 el número de personas que desaparecieron, y muchos más que fueron detenidos ilegalmente, torturados, y muertos por las fuerzas de seguridad de la época.
Aunque, según la versión oficial, miles de documentos sobre las actividades ilegales de las fuerzas de seguridad fueron destruidos antes de la transición democrática en el 1985, algunos documentos sobrevivieron. En 2005, el Ministerio de Defensa establecióla Dirección de Derechos Humanos a fin de identificar información pertinente y encauzarla hacia los juicios, cada vez más numerosos, iniciados después de que las leyes de amnistía fueron revocadas. Entre esa información se encuentran nóminas de personal de inteligencia, curriculums de la carrera de oficiales y otros documentos que podrían arrojar luz sobre la cadena de mando y la jurisdicción sobre ciertas operaciones.
En el pasado año y medio, el Ministerio de Defensa ha estado recibiendo y respondiendo a solicitudes, cada vez mayores, de jueces. “Hemos estado recibiendo un promedio de 300 solicitudes por mes, y con el número de casos cada vez mayor, anticipamos que aumentará en los dos próximos años. El proceso empezó a complicarse porque los jueces no se atrevían a compartir documentos secretos con ambas partes, defensa y acusación, y otros implicados en los juicios, por miedo a ser punibles bajo las leyes del secreto de estado. Incluso con jueces quienes estaban avanzando en otros casos de derechos humanos. El decreto levanta el velo sobre estos documentos permitiendo su reproducción y diseminación a través de la vía judicial y al público”, dice Ileana Arduino, directora de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa en Argentina.
El decreto va mas allá de regulaciones aprobadas anteriormente en Argentina hechas para favorecer los juicios de derechos humanos y fortalecer la noción según la cual la información relacionada a violaciones de derechos humanos no puede ser clasificada. En 2007, la Presidencia aprobó un decreto que levantó el juramento de secreto que limitaba a oficiales militares que estaban participando en juicios de derechos humanos.
El marco conceptual del Decreto 4/2010 considera que la clasificación no puede dañar la política actual del gobierno sobre la “Memoria, Verdad y Justicia”, al clasificar “se debe establecer un límite temporal a esa restricción”, después de más de 25 años de democracia, es inaceptable clasificar información “que impida el conocimiento de la historia reciente cercenando el derecho de la sociedad a conocer su pasado”, y el estado democrático tiene que levantar el secreto de “la información que pueda favorecer al conocimiento integral de los hechos vinculados con violaciones a los derechos humanos”.
El decreto atañe a todo el accionar militar del periodo 1976-83, pero exceptua a información relacionada con el conflicto de las Malvinas con Gran Bretaña, otros conflictos “interestatales”, e “inteligencia estratégica militar”. Por otra parte, deja la puerta abierta para aquellos documentos elaborados antes y después del período 1976-83 al incluir “toda otra información o documentación, producida en otro período, relacionada con ese accionar”. Los documentos pueden ser solicitados a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.
“Defensores de derechos humanos piensan que el decreto sobre la desclasificación en Argentina debe servir de modelo a países como Brasil, Chile, y aquellos países que hayan padecido de violaciones de derechos humanos bajo dictaduras militares”, dijo Carlos Osorio, Director del Proyecto de Documentación del Cono Sur en el National Security Archive.
“El Decreto es un avance muy grande hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Pero, irónicamente, resulta difícil encontrarlo en el Internet. Las presidencias van y vienen. Esto refleja la necesidad de aprobar una ley integral de acceso a información en Argentina”, añadió Osorio.
* Carlos Osorio es el Director del Proyecto de Documentación del Cono Sur en el National Security Archive.
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